Uno de noviembre de 2025. Ha pasado un mes desde que el Tribunal Supremo se iba a pronunciar tras la sentencia del Tribunal de Justica de doce de diciembre de 2.024.

Resulta una verdadera anomalía que resultando de aplicación directa las resoluciones del Tribunal de Justicia en todos los Estados Miembros, tengamos a muchos jueces y tribunales esperando a que el Tribunal Supremo les diga como tienen que interpretarla, algo que cuesta entender habida cuenta de que vienen traducidas al español.

El gran problema es que, por un lado, tenemos una gran cantidad de jueces que no tienen conciencia de que son jueces comunitarios, de que se deben a la normativa comunitaria y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como intérprete de esta, y de que están obligados a obviar la jurisprudencia de un órgano jurisdiccional nacional superior si esta contraviene la del Tribunal de Justicia, y, por otro, que tenemos un Tribunal Supremo ávido de encontrar un rescoldo por el que escapar, por el que retorcer lo que dice el Tribunal de Justicia hasta convertir al vino en agua.

Necesitamos resoluciones jurídicas, no políticas, necesitamos jueces y tribunales que no valoren, a la hora de dictar sentencia, las consecuencias económicas que puedan derivarse de sus resoluciones. El Tribunal de Justicia ha sido muy claro en su STJUE C-520/21 cuando responde a la entidad demandada que la protección de los consumidores a la luz de la Directiva 93/13/CEE no puede verse condicionada por el interés de los mercados, y que, si las entidades no quieren sufrir los efectos económicos de la nulidad del contrato por aplicación de cláusulas abusivas, lo que tienen que hacer es cesar en el uso de cláusulas abusivas.

Cabe también preguntarse qué tipo de Banca tenemos en España que del contrato de préstamo hipotecario solo se salvan el nombre y apellidos de los prestatarios … que se ha declarada nula la cláusula IRPH, la cláusula suelo, la comisión de apertura, la comisión de reclamación, la cláusula de gastos, el interés moratorio, el vencimiento anticipado, la cesión de crédito, la cesión de datos, la renuncia derechos de fiadores, el valor de tasación de la finca a efectos de subasta …

Mientras la Banca Española declara sin rubor 25.000 millones de euros de beneficio este último trimestre, nuestro Tribunal Supremo continúa valorando el daño que le puede suponer a la Banca la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y dándole vueltas a cómo reducir el impacto.

Insistimos, queremos sentencias bien fundamentas jurídicamente, no sentencias políticas que intenten aliviar a la banca de las consecuencias de lo que ha sido su obsceno comportamiento, y para eso no hace falta un mes de deliberación. Hay casos que la cláusula reputara legal y otros que no, porque así son las cosas, pero siempre por aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia caso a caso. Jueces de Donostia, Vitoria, Pamplona, Tudela, Soria, Madrid, Badajoz, Murcia, ya han declarado nula la cláusula IRPH en aplicación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tras cinco pronunciamientos de este, y las preguntas son dos, si todos ellos se han equivocado, y cuáles son las dudas que llevan a que nuestro Tribunal Supremo necesite un mes para pronunciarse sobre los casos sobre los que tiene que pronunciarse, uno a uno.

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